Sean MacBride le dio like: derecho a la comunicación en los territorios digitalesArtículo de RadiosLibres para el número 15 de la Revista Internet Ciudadana.
En un mundo partido en dos, el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL)
promovió, en la década de los setenta, un Nuevo Orden Económico Mundial. Para
lograrlo, entendían, que era indispensable establecer un Nuevo Orden Mundial de
la Información y la Comunicación (NOMIC) que subvirtiera los escandalosos
desequilibrios informacionales existentes. Una de esas asimetrías, denunciada
por este bloque conformado por países del llamado Tercer Mundo, era que cuatro
agencias del Norte global producían entre el 80% y el 90% de la información que
se difundía en el mundo.
Unesco se comprometió con este debate convocando la Comisión Internacional para
el Estudio de los Problemas de Comunicación –conocida como Comisión MacBride,
por el apellido de su director–. El informe final terminó desencadenando una
profunda crisis en el interior de la Unesco y la salida de Estados Unidos de la
organización, al contener conclusiones tan contundentes como esta:
> La libertad del ciudadano para tener acceso a la comunicación, como receptor y
> como contribuyente, no puede compararse con la libertad de un inversionista
> para obtener de los medios un beneficio: la primera es un derecho humano; la
> última permite la comercialización de una necesidad social. (MacBride et al.,
> 1980, p. 42)
La academia latinoamericana también fue un actor clave en aquellos procesos
estableciendo las bases conceptuales de los debates sobre el derecho a la
comunicación. Fueron años de ebullición intelectual, de nuevas teorías y
desarrollo de campos de estudio que después se extenderían por el mundo como la
comunicación alternativa. Una época de alianzas estratégicas con las
organizaciones regionales que promovían la existencia de medios de comunicación
alternativos, populares o comunitarios y de trabajo conjunto en los territorios.
Objetivamente, hoy la situación es mucho más grave que la denunciada en los 70
por los no alineados. El monopolio que ejercen un puñado de megacorporaciones
norteamericanas sobre las herramientas de comunicación e información es
asfixiante ya que controlan todas sus áreas: desde la infraestructura física,
hasta el código y las herramientas de difusión del contenido (Becerra y
Mastrini, 2017).
Gracias a un lobby agresivo han implantado un modelo de desarrollo tecnológico
sostenido sobre los pilares de la neutralidad tecnológica y la autorregulación.
Así burlan las legislaciones nacionales y escapan a la fiscalización de los
países que intentan controlar sus excesos. Al tiempo que se apoyan en una
maquinaria publicitaria con la que construyen relatos de innovación y progreso
para acelerar los ciclos de consumo envueltos en un fetichismo tech que nadie
parece cuestionar.
Los medios de comunicación, la academia y los movimientos sociales parecen haber
bajado los brazos:
* La mayoría de medios de comunicación se han rendido a los algoritmos y
producen noticias bajo los estándares y condiciones de la plataforma que esté
de moda, más interesados en el clickbate que en informar a su audiencia. El
resto, no da a basto intentando desmentir las fakenews que inundan las redes
sociales.
* Gran parte de la academia está más preocupada por la meritocracia del ranking
y aborda la problemática desde una perspectiva instrumental en vez de
aproximarse desde la economía política o la sociología, tal como lo hizo el
Informe MacBride: niveles de concentración, imperialismo tecnológico,
desequilibrio de los flujos de información o la necesidad de políticas
nacionales que garanticen el derecho a la comunicación. Seguramente, si la
Comisión se convocara hoy, hablaría de los derechos laborales de los
trabajadores de plataformas, del nuevo proletariado cognitivo, del impacto
ambiental de la fabricación de dispositivos o del derecho a la privacidad y
al anonimato.
* También parte de los movimientos sociales, incluso los que promovieron el
derecho a la comunicación, abrazaron el discurso tecnosolucionista con la
esperanza de resignificar las plataformas comerciales para amplificar sus
demandas, al tiempo que las fortalecían y hacían más y más poderosas. Y
quienes buscamos alternativas a este modelo no terminamos de encontrar un
argumentario convincente que no esté teñido de una velo ludita.
Para agregar un nuevo elemento a este complejo escenario, la Inteligencia
Artificial revive –una vez más– el tan manido argumentario del progreso, la
modernidad y la neutralidad (“todo depende de cómo la usemos”) para consolidar
sin oposición un nuevo ciclo de acumulación de capital especulativo sobre una
tecnología digital como ya hicieron con Internet, con las redes sociales o con
las plataformas. Un capitalismo digital –o tecnofeudalismo, si se prefiere– de
rostro amable, cool y eficiente pero igual de voraz, peligroso y colonial que se
alimenta de ingentes recursos naturales (Moreno, 2024; Binder y García-Gago,
2025).
Creemos que, para defender el derecho a la comunicación y promover la
democratización de los medios de comunicación en este siglo, sería necesario
radicar el debate, no desde un abordaje comunicacional o tecnológico, sino
ideológico y político, tal como sucedió en los años setenta. Es urgente pensar y
ensayar otros modelos de desarrollo para las tecnologías digitales. Modelos
sostenibles basados en la gestión común, en la libertad y en el acceso abierto,
con una perspectiva decolonial, antirracista y feminista, que pueden resumirse
en estas cuatro líneas de acción:
1. Tecnologías apropiables: software libre
Al no utilizar tecnologías libres que puedan ser auditadas, modificadas y
compartidas, se entrega el futuro de la comunicación a un puñado de empresas
privadas: “En una sociedad moderna, quien controla el software controla la
comunicación social. Controla quién puede comunicarse con quién, cuándo y para
decir qué”. (Heinz, 2008, p. 94).
2. Infraestructuras autónomas
Es tan complejo y costoso gestionar las distintas capas que hacen posible
Internet y el resto de tecnologías asociadas, que apenas un grupo reducido de
grandes organizaciones, empresas, universidades y gobiernos se encargan de ello
a nivel global. En este contexto, parecería reducida la capacidad de incidencia
que los movimientos sociales y las organizaciones de base pueden tener, sobre
todo respecto de las capas lógicas (software) y de infraestructura de Internet.
Sin embargo, diversos proyectos en la región que gestionan comunitariamente
redes de telecomunicaciones (internet y telefonía celular), intranets o
servidores autónomos, demuestran su viabilidad Binder y García-Gago, 2020).
3. La privacidad como derecho
Para garantizar la privacidad en línea, una de las medidas a tomar sería impedir
que las grandes plataformas accedan a la información personal que circula por
Internet. Sin embargo, este volumen de datos crece constantemente, al igual que
las vulneraciones a la privacidad. Por ejemplo, el número de asistentes
virtuales para el hogar –estos aparatos a los que se les habla para que
reproduzcan una canción o hagan una llamada– aumenta día a día. Para poder
ejecutar estas ordenes, su micrófono está siempre encendido. Tras una
investigación periodística Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft
terminaron por reconocer que transcriben audios privados de quienes los usan.
Las compañías alegan que lo hacen para “mejorar la capacidad de sus asistentes
virtuales para entender el lenguaje humano” (del Castillo, 2019). Microsoft,
incluso, se vio forzado a confirmar que transcribe algunas grabaciones de Skype.
Sería escandaloso imaginar que algo así sucediera con el correo postal. Que se
violara el derecho a la privacidad y se leyeran cartas para entrenar a un
software de Inteligencia Artificial. Cuando estas prácticas se trasladan al
mundo digital pareciera que no importa renunciar a derechos con tal de recibir
un mejor servicio.
> Decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder no es
> diferente a afirmar que no te importa la libertad de expresión porque no
> tienes nada que decir; o que no te importa la libertad de prensa porque no te
> gusta leer; o que no te importa la libertad de religión porque no crees en
> Dios; o que no te importa la libertad de reunión pacífica porque eres un
> agorafóbico, perezoso y antisocial. El hecho de que esta o aquella libertad no
> tenga importancia para ti ahora mismo no quiere decir que la tenga o que no la
> vaya a tener mañana, para ti o para tu vecino (Snowden, 2019, p. 196).
4. Cultura libre y conocimiento abierto
Esta corriente concibe al conocimiento y a la cultura como bienes comunes y
promueve los entornos abiertos de creación, difusión y distribución, respetando
los derechos de quienes crean. Sus principios no legitiman la llamada
“piratería”, es decir, usos no autorizados de obras literarias, artísticas o
intelectuales. Por el contrario, este movimiento propone un sistema donde
quienes crean puedan vivir de sus obras, las empresas intermediarias tengan
márgenes de ganancia racionales y la ciudadanía tenga acceso asequible –que no
quiere decir que en todos los casos sea gratuito– a libros, artículos, música,
cine y otras creaciones culturales. Las TIC facilitan el surgimiento de estos
entornos donde el soporte físico ya no resulta imprescindible y es más sencillo
lograr un equilibrio entre derechos y beneficios.
A pesar de que en materia tecnológica el Informe MacBride fluctuó entre el
paradigma desarrollista de la modernización y las teorías de la dependencia
(Carlsson, 2005), dedicó un extenso apartado de recomendaciones defendiendo sus
potencialidades al tiempo que abordó los peligros que presentaba su adopción:
“el resultado depende de decisiones vitales y de dónde y por quién se tomen. Por
lo tanto, es urgente organizar el proceso de decisiones en forma participativa,
con base en una conciencia plena del efecto social de diferentes alternativas”
(MacBride, 1980, p. 219). Una recomendación que complementa las cuatro líneas
propuestas para promover un futuro democrático de las comunicaciones y las
tecnologías.
Inés Binder y Santiago García Gago, son doctores en sociología por la UCM, comunicadores sociales, radialistas e integrantes de RadiosLibres.net. Residen en Mendonza, Argentina, y militan en diversos espacios que promueven las tecnologías libres. Son autores de “Politizar la Tecnología: radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales” y “Radios Pospandemia: herramientas y estrategias para la nueva normalidad”.
REFERENCIAS
Becerra, M., y Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en
América Latina (2000-2015): Nuevos medios y tecnologías, menos actores.
Universidad Nacional de Quilmes.
Binder, I., y García-Gago, S. (2020). Politizar la tecnología: Radios
comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales (Primera
edición). Ediciones del Jinete Insomne.
Binder, I., y García-Gago, S. (2024). El impacto mediambiental de las
tecnologías. Revista digital Internet Ciudadana N° 13.
Carlsson, U. (2005). El Informe MacBride, visto en perspectiva. Quaderns del
CAC, 8(21), 59–63.
Del Castillo, C. (2019). Microsoft se une a Google, Facebook, Amazon y Apple y
reconoce que transcriben audios privados de sus usuarios. Eldiario.es.
https://www.eldiario.es/tecnologia/Trabajadores-Google-Facebook-Apple-Microsoft_0_931956998.html
Heinz, F. (2008). Código software: de la torre marfil a la mesa ciudadana. En
Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía. Ediciones Böll.
MacBride, S. y otros (1980). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e
información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica.
Moreno, A. (2024). El costo ambiental de entrenar Inteligencia Artificial
Generativa. Revista digital Internet Ciudadana N° 12.
Quirós, F., y Caballero, F. S. (eds.). (2016). El Espíritu MacBride:
Neocolonialismo, Comunicación-Mundo y alternativas democráticas (Vol. 4).
Ediciones Ciespal.
Snowden, E. (2019). Vigilancia permanente. Editorial Planeta.
Winner, L. (2001). Dos visiones de la civilización tecnológica. En J. A. López,
y J.M. Sánchez (Eds.), Ciencia, tecnología, sociedad y cultura en el cambio de
siglo, p. 64. Biblioteca Nueva, Organización de Estados Iberoamericanos.
