El silenciamiento de las voces independientes: una radiografía del exilio periodístico actual en América Latina y el Caribe

Publicado en el informe RICCAP 2025: Acciones locales de comunicación en la construcción global de la paz-

Este artículo forma parte del informe 2025 de la RICCAP: Acciones locales de comunicación en la construcción global de la paz.

Santiago García Gago, Radios Libres y Colectivo de Medios Comunitarios del Cuyo (Comecuco), Argentina; y Lázaro Cruz García, Universidad de Murcia, Riccap España.

María aún debe ocultar su nombre tras un seudónimo, a pesar de llevar siete años exiliada en San José de Costa Rica. Es una de los 293 periodistas que han tenido que abandonar Nicaragua en distintas oleadas desde la crisis sociopolítica de 2018. Desde entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos he registrado, al menos, 355 personas fallecidas y más de 100.000 exiliadas. “Huimos del país perseguidos por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, nos cuenta María para este capítulo del Anuario con su voz disfónica y entrecortada. Según el médico especialista se debe a una faringitis crónica que le dejó la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, ella lo achaca a “todas las cosas que, como periodista, me he tenido que callar estos años. No puedo decir nada porque aún tengo familia en Nicaragua que puede sufrir represalias”.

→ El 41% está exiliado en el país vecino, Costa Rica, mientras el resto se reparten entre Estados Unidos y España.
→ Solo un 44.6% cuenta con un estatus migratorio regularizado.
Fuente: Diagnóstico situacional de periodistas nicaragüenses en el exilio 2025.

Según el informe anual sobre la Libertad de Prensa en el mundo que realiza Reporteros Sin Fronteras (RSF) “el régimen Ortega-Murillo ha erradicado la prensa independiente de Nicaragua”. El país se ha convertido en el peor valorado de la región, bajando hasta el puesto 178 de los 200 analizados. Nicaragua ocupa el segundo lugar entre los países con mayor número de periodistas exiliados en América Latina y Caribe tras Venezuela, con 477 casos, y por delante de Cuba con 98. Entre estos tres países, suman más del 90% de los periodistas desplazados o exiliados durante este periodo, una dramática lista que completan Guatemala (19), Ecuador (13) y El Salvador (10), tal como lo analizó el estudio “Voces desplazadas: radiografías del exilio periodístico Latinoamericano 2018 -2024”, un trabajo de Oscar Mario Jiménez, Dagmar Thiel, Johanna Rodríguez, Alejandra Matus y Fernando Martínez.

A pesar de seguir siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, México no aparece en los primeros puestos de esta lista de periodistas exiliados. Sin embargo, quienes informan desde allá, enfrentan peligros mayores. La organización Artículo 19 ha documentado 175 asesinatos de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación desde el año 2.000. Esta feroz represión la ejercen, principalmente, el crimen organizado y el narcotráfico. Es por eso que, muchos periodistas, han optado por autocensurarse ante el riesgo que corren sus vidas y no pasan a integrar las listas de exiliados.

La radiografía del informe “Voces desplazadas” ilustra, por tanto, un fenómeno que se reavivó y agudizó en los últimos siete años: además de las amenazas del crimen organizado y de otros actores paraestatales, se incrementó la persecución y represión a periodistas y comunicadores por parte de distintos poderes y fuerzas del Estado. Poderes que amenazan, coaccionan, agraden, detienen y encarcelan a quienes, desde un medio de comunicación, les investigan, fiscalizan y confrontan.

Y aunque la atención global entre los años 2018 y 2024, sobre todo los últimos tres, se ha focalizado en la trágica situación que sufren quienes informan desde Palestina o Ucrania, los periodistas venezolanos y nicaragüenses, a los que recientemente se suman salvadoreños y guatemaltecos, siguen reclamando la atención internacional sobre un problema que se agrava año tras año: “solo entre mayo y junio de 2025 salieron 53 periodistas de El Salvador en el marco de una cruzada del gobierno contra voces críticas y periodistas que han revelado las irregularidades gubernamentales”, expresa la periodista salvadoreña Loida Martínez Avelar, a quien entrevistamos para el Anuario, citando datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Martínez lleva 18 años investigando actos de corrupción y violaciones a derechos humanos en su país para la Revista Factum. En junio de 2025, tuvo que refugiarse en Guatemala debido a la persecución y a las amenazas directas del gobierno de Nayib Bukele.

La paradoja es que mientras varios periodistas salvadoreños, como Loida, se refugian en Guatemala, algunos colegas de ese país tienen que huir debido a las amenazas y la persecución, en su caso, del sistema judicial guatemalteco. Uno de ellos es Nelton Rivera, cofundador y miembro de la dirección de Prensa Comunitaria. Este medio digital independiente de Guatemala, realiza periodismo comunitario medioambiental, de investigación y anticorrupción desde 2012. Denuncian a las empresas mineras y su extractivismo inescrupuloso, a las hidroeléctricas, al negocio depredador de la palma de aceite, a la corrupción de los funcionarios públicos y a quienes deberían fiscalizarles. Este periodismo incómodo ha desencadenado ataques físicos y sabotajes digitales, ademá de una campaña de desinformación, intimidación y criminalización promovida por el “pacto de corruptos”. Así es como se denomina en Guatemala a la alianza entre el sector empresarial, la élite económica del país, la oligarquía, las redes criminales, y los militares que fueron responsables de delitos de lesa humanidad durante la contrainsurgencia.

Actualmente, siete integrantes del medio Prensa Comunitaria se han tenido que exiliar, entre ellos Rivera, quien prefiere no revelar su destino por motivos de seguridad y explicó en una entrevista para este capítulo que: “cuando nos filtraron que el Ministerio Público me iba a acusar por delitos de lavado de activos, con el antecedente del director del medio El Periódico, José Rubén Zamora, acusado y encarcelado por un delito similar a pesar de haber demostrar el origen lícito de los fondos, entendimos que pretendían llevarme a la cárcel como un nuevo castigo ejemplar. Además, amenazaban con intervenir y ahogar financieramente nuestro medio. Por eso, la primera semana de abril 2025 tomé la decisión de salir del país”.

El periodista Nelton Rivera en los International Press Freedom Awards organizados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Fuente: © Nelton Rivera.

El virus del autoritarismo se extiende por la región

Desde la segunda década del siglo XXI, el mundo experimenta una regresión de la democracia y el avance de políticas neoconservadoras y populistas de diferentes colores e ideologías. Este hecho tiene su correlato en varios países de América Latina y el Caribe, donde se profundizan regímenes autoritarios y un preocupante aumento de la polarización. En consecuencia, se evidencia “un descenso general de la libertad de expresión debido al deterioro de las condiciones de trabajo de la prensa, a las agresiones violentas, a la censura por parte del Estado, a las persecuciones judiciales y al hostigamiento digital”, como se documenta detalladamente en el informe “Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”.

La lista de países de la región que se encaminan a un destino similar se ampliará en 2026. Chile será gobernado por el ultraderechista José Antonio Kast. Y en Honduras, el candidato conservador Nasry Asfura gobernará con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien busca consolidar su influencia en América Latina, incluso, con intervenciones militares directas, como la ocurrida el 3 de enero de 2026 en Venezuela para capturar a Nicolas Maduro. Kast y Asfura, se suman a este funesto inventarios de mandatarios que amenazan la libertad de expresión como los mencionados Ortega o Bukele, o Daniel Noboa en Ecuador y el presidente argentino Javier Milei, quien ha iniciado acciones penales contra distintos periodistas llevando a Argentina a descender 21 puestos en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa de RFS.

“El manual del dictador se ha expandido por la región. Aunque cada país tiene sus particularidades, hay una verdad indiscutible: el periodismo libre e independiente está pasando uno de sus peores momentos. Nada podrá ser mejor, todo indica que se incrementará la persecución de la prensa; incluso en países como Costa Rica que siempre ha sobresalido por su respeto a la democracia”.
Loida Martínez, Revista Factum, El Salvador.

En medio de las denuncias, el hostigamiento y la criminalización del oficio de informar y comunicar, cada día, más periodistas se ven obligados a exiliarse o autocensurarse para evitar procesos penales, la prisión o agresiones físicas cada vez más violentas. Este éxodo masivo, que comenzó con comunicadores y comunicadoras de Venezuela, en estos últimos 5 años se acrecentó con sus colegas centroamericanos.

Además de la dramática situación que viven quienes se tienen que exiliar, la expulsión de estas voces críticas provoca en sus países los denominados “apagones informativos”: zonas donde no existen medios independientes. En Nicaragua, por ejemplo, el 56% del país estaría en esta situación, según la asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

A las limitaciones para ejercer la libertad de expresión y las restricciones para que exista una esfera pública con pluralidad de voces, hay que sumar la desarticulación de los movimientos sociales y fragmentación de la sociedad civil provocada por diversos factores como la deslegitimización de las protestas y la acción colectiva, la profundización de las políticas neoliberales o la reconfiguración del escenario político y social. De este modo, los gobiernos autoritarios y populistas allanan el camino para imponer unilateralmente sus propias narrativas silenciando cualquier capacidad de crítica o fiscalización independiente del poder, como explica Daiana Bruzzone en Más derechos, menos derechas.

La crudeza del exilio

A pesar del esfuerzo que realizan las y los periodistas que salen de sus países para seguir informando desde el exterior, el exilio no es sinónimo de seguridad ni garantía para ejercer el derecho a la libertad de expresión. El miedo y los riesgos se mantienen “debido a represalias en contra de sus familiares que aún permanecen en Nicaragua, y por la presencia de redes de vigilancia transfronteriza y ataques digitales a sus cuentas”, explica Lourdes Arróliga en el diagnóstico de PCIN de 2025.

El exilio afecta a los periodistas en múltiples ámbitos: dificultades para conseguir un estatus migratorio legal, muchas veces porque al salir apresuradamente no cuentan con todos los documentos de identificación y otros que solicita el país de acogida; discriminación y rechazo; y obstáculos legales para ejercer su profesión, entre otros. En el informe sobre la situación de los periodistas nicaragüenses, “un 59% de los encuestados respondió que sí ha laborado en áreas distintas al periodismo en los últimos doce meses”.

“Nos enfrentamos al desarraigo, al trauma de vivir fuera, de quedarnos sin la posibilidad de acceder a la justicia para defendernos al estar en condiciones precarias, de vivir al día porque los programas de protección son escasos o limitados. Es decir, las condiciones de exilio que han vivido decenas de guatemaltecos durante muchísimas décadas”.
Nelton Rivera, cofundador y miembro de la dirección de Prensa Comunitaria, Guatemala.

A esto hay que sumar diversas afecciones a la salud física y daños psicoemocionales, tales como ansiedad, trastornos del sueño, depresión y estrés, entre otros padecimientos.

“Las mujeres estamos expuestas a un doble riesgo, pues además del duelo por abandonar un país y a la familia, también nos enfrentamos a los riesgos de criminalidad en el nuevo lugar de acogida. El acoso callejero y el desconocimiento de las zonas peligrosas nos expone el doble. Además, las que tenemos enfermedades crónicas u otros padecimientos no contamos con una atención médica adecuada”.
Loida Martínez, Revista Factum, El Salvador.

Apoyo internacional

Son varias las organizaciones internacionales que se dedican a prestar apoyo a periodistas amenazados que tienen que salir de sus países en busca de refugio. La mayoría ofrecen fondos económicos de emergencia para garantizar: viajes, primera vivienda o reunificación familiar; acceso a servicios de salud; o asesoría legal y migratoria.

A las más antiguas como Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Free Press Unlimited (FPU), Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), Network of Exiled Media Outlets (NEMO), Red Internacional de Periodistas (Ijnet) o Reporteros Sin Fronteras (RSF), se suman otras para apoyar, específicamente, en la región debido al incremento de casos. Entre ellas están la Red Latinoamericana de Periodistas en el Exilio de la (RELPEX) impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2024, la que está integrada por 260 periodistas de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Otra de ellas, que actúa prioritariamente en Centroamérica, es la Casa para el periodismo libre, inaugurada en agosto de 2024 en San José, Costa Rica. Este proyecto, impulsado por la DW Akademie en alianza con el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), es parte de la iniciativa global Space for Freedom de DW Akademie que cuenta con casas similares en otras regiones para fortalecer las competencias en seguridad y prevención de riesgos de periodistas de distintas partes del mundo.

La Casa, aspira a ser un espacio para el intercambio de experiencias y apoyo para periodistas en el exilio colaborando en su inserción laboral.“Nosotros estamos un paso después de la emergencia”, afirma Edgar Zamora Orpinel, project manager de la organización alemana que promueve la iniciativa en entrevista para este capítulo. Aunque articulan con otras organizaciones internacionales para brindar fondos de emergencia puntuales, priorizan la asistencia una vez que las y los periodistas salen de país, apoyándoles para que continúen informando. Por ejemplo, la Casa ofrece un espacio equipado con material técnico audiovisual para que entrevisten o reporten con seguridad y privacidad. Además, organizan programas de capacitación para obtener certificación oficial de universidades costarricenses.

“Las actividades del proyecto las proponen los periodistas y la idea es que les permitan seguir con su vida desde varias perspectivas, no solo la laboral con las capacitaciones, sino también emocionales, de relajación, esparcimiento y conversación”.
Edgar Zamora Orpinel, project manager DW Akademie / Casa para el periodismo libre.

Fuente: © Ilustración de Herikita para la Casa del Periodismo Libre (Iplex y DW Akademie).

Los medios independientes ante la censura

Para el periodista nicaragüense Julio López, editor del libro El periodismo nicaragüense está vivo, “el exilio es aferrarse a la libertad”. También, es una forma de activismo democrático, un mecanismo para conservar la memoria histórica, y una manera para lidiar con la tristeza y el desarraigo.

A pesar del temor y la persecución, para Lourdes Arróliga –periodistas nicaragüense en el exilio y editora del Diagnóstico situacional 2025 publicado por PCIN– “el exilio, en lugar de significar silencio, se ha convertido en un espacio de resistencia”. Espacio desde el que estos periodistas, la mayoría sirviéndose de Internet, siguen alzando sus voces críticas para denunciar los abusos de poder de los gobiernos autoritarios.

Los informes sobre periodistas en el exilio no comunican la tipología del medio al que pertenecen. Sin embargo, al analizar la lista de los periodistas y comunicadores , en su mayoría provienen de medios locales o alternativos y se definen como críticos e independientes. Por lo general, las grandes cadenas mediáticas, de origen privado-comercial, optan por no enfrentarse directamente con las autoridades por lo que sufren menos represión mientras que “los medios comunitarios continúan interviniendo públicamente en pos de la defensa y el fortalecimiento de una cultura democrática”, expresan categóricamente María Magdalena Doyle y Valeria Meirovich en el artículo “La politicidad de las radios comunitarias”, del compilado de CLACSO Más derechos, menos derechas.

Nelton Rivera sostiene que, en el caso guatemalteco, la mayoría de colegas exiliados pertenecen a medios independientes o son periodistas freelance. Solamente tienen registro de uno que pertenece a un medio corporativo. En la Alianza Intermedios, de la que forma parte la salvadoreña Loida Martínez, participan íntegramente medios comunitarios, independientes y alternativos, la mayoría de ellos son nativos digitales. Edgar Zamora destaca lo heterogéneo del exilio periodístico nicaragüense aunque “la mayoría pertenece a los que se podría denominar como un ecosistema de medios más alternativos, más locales e incluso hiperlocáles y algunas radios comunitarias”.

La mayoría de esos periodistas y comunicadores reivindican los principios impulsados por los primeros medios alternativos que surgieron en América Latina y el Caribe a mediados del siglo XX, definidos por la comunicadora argentina Margarita Graziano en 1980: “lo alternativo, en tanto tal, se levanta frente a otra concepción no solo de la comunicación sino de las relaciones de poder y de la transmisión de signos e imposición de códigos que esas relaciones permiten vehicular”.

La realidad que enfrentan actualmente muchos medios de comunicación independientes en distintos países de América Latina y el Caribe se va pareciendo, cada vez más, a la que vivieron aquellos pioneros medios alternativos que enfrentaron las represión de gobiernos autoritarios y brutales dictaduras. En este resurgir del unilateralismo global, de posturas ultraconservadoras que parecían enterradas, de la radicalización de las desigualdades, y de la impunidad ante las invasiones y las agresiones militares, los medios independientes y alternativos vuelven a postularse como espacios de resistencia y defensa de derechos frente a dinámicas autoritarias del Estado. Medios y periodistas que, incluso desde el desarraigo del exilio, buscan contrarrestar la concentración de poder, la censura, la restricción de libertades y la criminalización de voces disidentes.